En aquellos casos en los cuales el CICPC haga caso omiso a la orden de un tribunal de excluir a un ciudadano del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), a propósito del decaimiento de una orden de captura que había sido librada en su contra, y  dicho ciudadano decida interponer una acción de habeas data para lograr su respectiva exclusión del sistema, la competencia para el conocimiento de dicha acción no corresponderá a la Sala Constitucional, sino al tribunal de municipio con competencia territorial en domicilio del accionante, mientras se crean los correspondientes Tribunales de Municipio con competencia en lo Contencioso Administrativo.

La Sala Constitucional declara la constitucionalidad del Art. 407, segundo aparte, del COPP, correspondiente al procedimiento a seguir en los delitos de acción dependiente de instancia de parte, y considera que no existe una violación del principio de igualdad cuando dicha norma dispone que la incomparecencia sin justa causa de a parte acusadora a la audiencia de conciliación o de juicio, será sancionada con el desistimiento de la acusación, el pago de las costas procesales y la imposibilidad d proponer nuevamente la querella, mientras que la inasistencia del acusado a dichos actos procesales no conlleva ninguna sanción procesal.

La Sala Constitucional, ante las reiteradas solicitudes deasistencia médica presentadas por la defensadel imputado y antes de la resolución de fondo de unasolicitud de avocamiento, puede ordenar el traslado deéste a un centro hospitalario con el objeto de que sea evaluado y se le prescriba el tratamiento médico adecuado.

Si para el momento de llevarse a cabo la designación y juramentación del abogado defensor, no existía contra el denunciado una imputación formal ni material en su contra, serán nulos los actos de nombramiento, aceptación y juramentación de dicho “defensor”, así como cualquier actuación posterior realizada por el referido abogado, incluyendo los pronunciamiento judiciales derivados de esas actuaciones, pues el denunciado, al no ser parte, no tiene la cualidad para nombrar defensor, así como tampoco el juez está facultado para proceder a la juramentación del abogado alguno en esos casos.

• Los abogados, antes de proceder a la aceptación de un “nombramiento", deben verificar si existe algún instrumento en el proceso que acredite la cualidad “imputado” formal o material de su patrocinado.

• La sola interposición de una denuncia no es suficiente para que el sujeto denunciado pueda nombrar y juramentar a un abogado de confianza ante un tribunal de control, pues la denuncia no es un acto de procedimiento individualizador de las autoridades de persecución penal.

• La condición de imputado no puede ser equiparada con la condición de investigado que puede dársele a cualquier persona cuyo nombre aparezca vinculado con los hechos objeto de la fase de investigación, pues esta condición no supone atribución de autoría o participación en la comisión de un delito, sino sólo una vinculación a título, por ejemplo, de sospechoso o testigo.

La oportunidad legal para proponer la recusación es hasta el día hábil anterior al fijado para el debate oral, de allí que toda recusación extemporánea debe ser declarada inadmisible.

El Ministerio Público y los órganos de investigación bajo su dirección funcional-penal, pueden realizar su labor criminalística, para la obtención de informaciones, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos, sin necesidad de que en el desarrollo de la pesquisa se deba informar u oír, a quienes teniendo la condición de sospechosos o investigados, en el futuro, como resultado de dichas investigaciones, resulten imputados

• La nulidad no constituye un recurso ordinario, es decir, las partes no pueden utilizar las nulidades como medio de impugnación de una sentencia, ya que la misma es objeto de los recursos de apelación o de casación, según la instancia en que se encuentre el proceso.

• No puede la defensa interponer recurso de nulidad y subsidiariamente recurso de casación contra una decisión dictada por la Corte de Apelaciones, requiriéndose de la Sala de Casación Penal la nulidad del acta de audiencia preliminar y juramentación de defensor, así como de la acusación particular propia de la víctima, pues la solicitud de nulidad, conforme las previsiones del COPP, no es ni constituye un medio de impugnación contra decisiones.

Si un tribunal penal evidencia y constata la falsedad de un documento de compraventa que pretendía ser registrado en la respectiva oficina subalterna inmobiliaria, la consecuencia lógica es que en su pronunciamiento se ordene anular la inscripción del referido documento en el Registro y se deje incólume la propiedad que ostentaba la víctima de la falsificación sobre el inmueble de acuerdo al documento inscrito con anterioridad al declarado falso.

No puede un tribunal de control, en el procedimiento especial para la persecución de los delitos de género, acordar medidas de protección a favor de la víctima cuando con anterioridad había declarado su incompetencia para conocer de la causa, pues estaría actuando fuera de su ámbito competencial.

La especialidad de la materia de violencia contra la mujer va a estar determinada no por la existencia de un miembro del sexo femenino como víctima en una determinada causa, sino por el hecho de que sea el sujeto pasivo del hecho disvalioso, por su condición de mujer y por un acto sexista.

La figura de la inhibición es un acto voluntario que determina el propio juzgador cuando observa que su imparcialidad pueda afectar el proceso judicial que esté conociendo, por tanto, mal puede la Sala de Casación Penal, mediante la resolución de un avocamiento, emitir un pronunciamiento que obligue al juez a realizar un acto voluntario del operador y director del proceso.

No puede impugnarse en casación la decisión dictada por la Corte de Apelaciones que declara sin lugar la recusación, pues la recusación es una incidencia y no una decisión que pone fin al proceso ni ordena la realización de un nuevo juicio.

En los procedimientos de extradición pasiva sustanciados por el delito de Tráfico de Drogas, en los cuales el Estado requirente no haya formalizado la solicitud de extradición del ciudadano aprehendido y, de alguna u otra forma, la comisión del delito tuviese repercusiones en territorio venezolano, la Sala de Casación Penal podría ordenar la realización de una audiencia ante el tribunal de instancia que ordenó la aprehensión del ciudadano requerido a los efectos de que se verifique la situación legal de éste y se decida si se inicia o no una investigación penal en su contra en Vzla, así como si se mantiene o no la medida judicial privativa de libertad que recae sobre el mismo.

• Para que se considere materializado el delito de invasión "se requiere la ocupación del inmueble", es decir, no basta que el agente perturbe la posesión del bien inmueble, sino se requiere la voluntad de tomar posesión de un bien ajeno, impidiendo al efecto el uso, goce y disposición de dicho bien.

• A los fines de la materialización de delito de invasión, no basta con la sola voluntad de ocupar un inmueble ajeno, sin que es necesario: i) el ánimo de obtener un provecho injusto, vale decir que no se posea ningún título que acredite derecho alguno sobre el bien objeto del delito, y ii) que no exista disputa alguna sobre la titularidad del bien.

• Para la consumación del delito de invasión es indispensable la existencia de elementos de convicción suficientes que demuestren la titularidad del derecho que se entiende amenazado (propiedad), y que no haya discusión en la ilegitimidad de la ocupación, de lo contrario, de encontrarse comprobada la posesión legítima se adolece de uno de los elementos del tipo penal.