• La figura de la recusación está concebida como un acto en donde la parte exige la exclusión del juez o del funcionario judicial que conozca del asunto, por existir una causa calificada por la ley en relación con las partes o con el objeto del proceso, y debe ser presentada la diligencia única y exclusivamente ante el Juez objeto del control subjetivo.

• La recusación se trata de una incidencia jurisdiccional, un proceso interlocutorio entre el funcionario y la parte recusante, y para la procedencia de las causales de recusación, quien la alega está en la obligación de demostrarla a través de un medio probatorio idóneo que permita evidenciar de forma contundente, seria y objetiva la existencia del motivo invocado, esto es, que exista correspondencia entre el medio y el hecho a probar; no siendo suficiente la acreditación de hechos que lo único que evidencien sean acusaciones infundadas y temerarias con el objeto de dilatar el proceso.

Sentencia de la Sala Constitucional en la cual se considera ajustada a Derecho la decisión de una Corte de Apelaciones que ordenó la celebración de una nueva audiencia preliminar bajo los siguientes argumentos: "El MP había alegado en la celebración de la audiencia preliminar primigenia que habían surgido nuevos elementos de convicción que hacían presumir que el acusado era partícipe o autor de nuevos delitos que, en ningún momento, habían sido imputados al procesado en fase de investigación, ni mucho menos incluidos formalmente en la acusación del MP, siendo incongruente tal proceder por parte del juez de control como del Ministerio Público, pues ya se habían realizado todas las diligencias necesarias para tratar de demostrar la responsabilidad penal del acusado, por lo que no se entiende cómo el MP alega haber obtenido nuevos elementos de convicción en la audiencia preliminar si ya había culminado su investigación, estando dicha causa en otra etapa del proceso penal diferente a la fase preparatoria".

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la posibilidad de que la parte afectada por una medida de protección, como, por ejemplo, el desalojo de la residencia de la cual es propietario, solicite su revisión ante el órgano jurisdiccional competente, por lo que el afectado, al disponer de este recurso para dejar sin efecto la medida dictada en favor de la víctima, no puede sustituir dicho medio de impugnación idóneo a través de la acción de amparo constitucional.

• Se advierte que la admisión de la acusación y de la calificación jurídica son pronunciamientos del auto de apertura a juicio, previstos en los artículos 313.2 y 314 del COPP, considerados inimpugnables.

• La admisión de los medios probatorios en la audiencia preliminar y el mantenimiento de las medidas cautelares sí son pronunciamientos que pueden ser apelados.

La entidad de las lesiones causadas en una mujer y, en especial, aquellas que comprometen significativamente el rostro y su configuración natural, corresponden a un grado de violencia física que atenta contra la integridad moral, emocional y fisonómica de las mujeres, motivo por el cual deben ser tomadas en cuenta para la posible determinación de un delito de violencia contra la mujer en razón del género, el cual deberá ser procesado ante tribunales especializados de género.

• No son las excepciones, ni las nulidades, el mecanismo establecido por el legislador para la impugnación de las decisiones que declaran procedente la medida privativa de libertad y las que puedan causar un gravamen irreparable a las partes.

• La fase de juicio es la más garantista de todo el proceso penal.

• Al constatarse que no se verificó la notificación de la víctima con respecto al fallo dictado por la Corte de Apelaciones, quien no tuvo conocimiento de la decisión que resolvió el recurso de apelación a los efectos de que ejerciciera el correspondiente recurso de casación, se considera que tal omisión constituye un quebrantamiento de normas de orden público no convalidable.

• El lapso para interponer el recurso de casación debe comenzar a computarse a partir que conste en autos la última notificación de las partes, en los casos en que la publicación del fallo se haya realizado fuera del lapso legal correspondiente, o cuando aún habiéndose publicado dentro del mismo, se ordene la notificación de las partes.

Un tribunal de control no puede decidir con respecto a la devolución de un vehículo sobre el cual dos personas aducen su propiedad sin antes recibir las resultas de las solicitudes que haya realizado al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, consistentes en el certificado de tradición y origen del referido vehículo solicitado; y un vez recibida las actuaciones solicitadas, visto que con respecto al mismo vehículo se encuentran solicitudes de dos personas que se acreditan la titularidad del vehículo, se debe fijar conforme a la ley una audiencia especial de entrega de vehículo, para que er la misma sean ventiladas las dudas y la necesidad de la actividad probatoria sobre la cual se procederá a demostrar quién es e titular del vehículo antes referido.

La garantía jurisdiccional del principio de legalidad exige la celebración de un juicio legal para poder determinar la comisión de un hecho punible y la responsabilidad penal de una persona.

Las características esenciales de todo delito son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, requiriéndose también la determinación de la autoría (directa, coautoría o autoría mediata), y de la concurrencia o no de dispositivos amplificadores de la responsabilidad penal, sean de naturaleza temporal (tentativa y frustración) o personal (inducción, cooperación inmediata, complicidad necesaria y complicidad simple).

Un hecho no reviste carácter penal, entre otros supuestos, cuando no está previsto en la ley como delito por carecer de los caracteres propios de la res iudicanda y, en consecuencia, sin necesidad de actividad probatoria y a solicitud del MP, conforme al artículo 284 del COPP, el juez de control emitirá un pronunciamiento in iure en el que establecerá que la situación de hecho propuesta como denuncia no resulta idónea para constituirse en materia de proceso; lo mismo sucede con la prescripción, que es otro de los supuestos de extinción de la acción, la cual puede ser apreciada de oficio y declarada por el juez de control a instancia del MP.

• Solo se podrá sustituir la medida privativa de libertad por la detención domiciliaria cuando sea estrictamente necesario e indispensable, ya sea por razones de salud grave o de alguna condición que cause indefensión a razón de la edad del ciudadano, o cualquier otra circunstancia que amerite tal medida.

• Es menester evaluar si el estado de salud del acusado, a través de las evaluaciones practicadas por el médico forense, determina que sus patologías se encuentran en fase terminal y, por ende, de imprescindible internamiento en un sitio hospitalario o arresto domiciliario en virtud de la gravedad que reviste el padecimiento médico.

No se debe realizar la declinatoria de competencia a priori en una fase incipiente del proceso como lo es antes de la celebración de la audiencia de presentación por la comisión de un delito flagrante, pues se deben escuchar los fundamentos del Ministerio Público y del resto de las partes intervinientes en audiencia para determinar efectivamente cuál normativa es la presuntamente violentada.