La dispersión de delitos en el confuso universo de leyes penales y no penales que actualmente están en vigor en Venezuela, no solo dificulta la labor técnica y especializada que compete al gremio de abogados, sino que compromete la operatividad de los órganos del Sistema de Justicia y coloca al ciudadano común ante un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica que es incompatible con los principios y dogmas que enarbola un verdadero Estado Democrático de Derecho y de Justicia.