/ Debido proceso

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Datos

Sala Constitucional

Fecha:
23 de mayo de 2022

Número de sentencia:
85

Expediente:
21-0757

Temas:
Amparo, Debido proceso, Recurso de apelación

Máximas

• Si el recurso cumple con los presupuestos de admisibilidad legales (es decir, que sea tempestivo y que se cumpla con los principios de impugnabilidad objetiva y subjetiva) y, no obstante, el mismo es declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones, la decisión que se dicte en estos términos resultará lesiva del derecho a recurrir y del debido proceso.

• La inadmisión de un recurso de apelación podrá ser objeto de revisión mediante amparo por el Juez Constitucional si la Corte de Apelaciones no fundamenta tal pronunciamiento en una causa legalmente prevista, o que existiendo ésta, la ha apreciado de forma arbitraria o inmotivada, o cuando haya basado su decisión en un error de relevancia constitucional, o que la misma sea fruto de una interpretación rigorista o meramente formal, que quiebre la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho fundamental del que se trate.

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Datos

Sala de Casación Penal

Fecha:
30 de marzo de 2022

Número de sentencia:
126

Expediente:
A22-60

Temas:
Admisión Del Avocamiento, Avocamiento, Debido proceso, Nulidad, Proceso penal, Radicación

Máximas

• La admisión del avocamiento trae como consecuencia la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación, por lo que serán nulos todos los actos y diligencias que se dicten con posterioridad a la admisión del mismo, así como la expedita remisión de la causa a la Sala de Casación Penal para que, una vez estudiado el punto objeto de la pretensión, la decisión que resulte podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado en que se generó la violación denunciada, o decretar la nulidad de algún o algunos actos en específico del proceso -a fin de restablecer el orden jurídico- u ordenar la remisión del expediente a otro tribunal competente por la materia para que continúe conociendo de la causa.

• La radicación no consiente bajo ninguna circunstancia la suspensión de la causa, ya que lo que se busca es la celeridad procesal, por lo que mal puede cualquier Tribunal de la República paralizar un proceso penal con motivo de una solicitud de radicación, siendo que su finalidad es evitar poner en riesgo las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de ser juzgado por el juez natural.

• El avocamiento y la radicación son incompatibles y se excluyen entre sí, dado los supuestos por los cuales procede cada uno y los procedimientos aplicables en cada caso.

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Datos

Sala de Casación Penal

Fecha:
4 de marzo de 2022

Número de sentencia:
66

Expediente:
R22-53

Temas:
Debido proceso, Partes, Radicación, Tutela judicial efectiva

Máximas

Un juez de control desnaturaliza el procedimiento de radicación cuando remite a la Sala de Casación Penal, junto con la solicitud de radicación, las actuaciones de la causa, paralizando injustificadamente el proceso y lesionando, con ello, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las partes, puesto que las solicitudes de radicación se tramitan sin paralizar las causas judiciales objeto de éstas.
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Datos

Sala de Casación Penal

Fecha:
23 de febrero de 2022

Número de sentencia:
50

Expediente:
A22-44

Temas:
Debido proceso, Imputación, Imputado, Tutela judicial efectiva

Máximas

• No especificar la participación del sujeto imputado en la perpetración del delito para el momento de supresentación en audiencia ante el juez de control, constituye un quebrantamiento de los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa.

• Es fundamental que en la audiencia de imputación se identifique al imputado y se determine su participación en el hecho delictivo, situación esencial y necesaria para poder fundar una presunción incriminatoria y formalizar una averiguación penal.

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Sala de Casación Penal

Fecha:
25 de octubre de 2022

Número de sentencia:
300

Expediente:
C22-228

Temas:
Acusación, Acusación particular propia, Audiencia preliminar, Debido proceso, Fiscal, Sobreseimiento, Víctima

Máximas

• Se viola el debido proceso cuando el fiscal solicita el sobreseimiento y el tribunal itinerante lo decreta sin notificar previamente a la victima a los efectos de que ésta pueda presentar su acusación particular propia.

• Luego de solicitado el sobreseimiento, si la víctima presenta acusación particular propia, el tribunal itinerante deberá pasar el conocimiento del asunto a un tribunal de control ordinario para que éste fije y convoque a la audiencia preliminar.

• Si luego de solicitado el sobreseimiento por el fiscal, la víctima no presenta acusación particular propia, el tribunal itinerante resolverá motivadamente la solicitud de sobreseimiento.

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Datos

Sala Constitucional

Fecha:
14 de octubre de 2022

Número de sentencia:
691

Expediente:
21-0367

Temas:
Amparo, Debido proceso

Máximas

Cuando los accionantes en amparo alegan que se les ha negado el acceso al expediente y demás actuaciones, los jueces constitucionales no pueden inadmitir dicho amparo bajo la premisa de que "los denunciantes no hicieron uso de un mecanismo preexistente como lo es la Inspectoría General de Tribunales", pues esta circunstancia es ostensiblemente violatoria del debido proceso y derecho a la defensa de los accionantes, ya que, en esos casos, se trataría de un remedio infructuoso por cuanto no puede la actividad de la Inspectoría General de Tribunales, la cual es fundamentalmente potestativa de la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República, suplir una vía jurisdiccional o medio judicial preexistente capaz de satisfacer la pretensión solicitada.
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Sala Constitucional

Fecha:
24 de octubre de 2022

Número de sentencia:
819

Expediente:
17-0968

Temas:
Debido proceso, Nulidad, Proceso penal, Víctima

Máximas

Si un juez de control anula en el proceso penal un contrato de compra-venta en el cual intervienen unos terceros adquirentes de buena fe, de dicha decisión deberá notificarse no sólo a la víctima y al MP, sino también a dichos terceros involucrados, pues tal declaratoria de nulidad afectaría sus derechos constitucionales de propiedad, y la omisión de notificación significaría, en esos casos, una vulneración del debido proceso.
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Sala de Casación Penal

Fecha:
11 de noviembre de 2022

Número de sentencia:
356

Expediente:
A22-140

Temas:
Debido proceso, Juicio Oral, Recursos, Tutela judicial efectiva

Máximas

Una demora excesiva en la tramitación de incidencias y recursos, hasta el punto de que un proceso haya podido perdurar por más de diez 10 años, sin que se haya materializado un acto conclusivo formal que ponga fin al proceso o que determine su continuación al juicio oral y público, ocasionada por la inacción de los órganos jurisdiccionales, constituye una violación de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
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Sala de Casación Penal

Fecha:
8 de diciembre de 2022

Número de sentencia:
419

Expediente:
A22-354

Temas:
Avocamiento, Debido proceso, Orden de aprehensión, Partes, Tutela judicial efectiva

Máximas

Una solicitud de avocamiento interpuesta en nombre de un sujeto que está solicitado por una orden de aprehensión se traduce en una pretensión de avocamiento temeraria, que atenta contra la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ya que se pretende lograr un remedio procesal con sustento falaz para subvertir el orden procesal, intentando acudir a la vía del avocamiento a sabiendas de que existe una orden de aprehensión previa que suspende el proceso e impide que los jueces puedan resolver o decidir peticiones de las partes, sorprendiendo el carácter de parte de buena fe que debe privar en los procesos penales.
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Sala Constitucional

Fecha:
7 de marzo de 2023

Número de sentencia:
87

Expediente:
23-0117

Temas:
Avocamiento, Debido proceso, Terrorismo

Máximas

La Sala Constitucional admite una solicitud de avocamiento en la cual se denuncia la supuesta intención de criminalizar un asunto civil, de presunta naturaleza atípica, con el objeto de establecer terrorismo judicial a través del uso abusivo de algunos actores del sistema penal, lo cual, en criterio de la propia Sala, podría suponer una transgresión del orden público constitucional, del debido proceso y de la correcta aplicación de las leyes penales procesales y sustantivas
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Sala de Casación Penal

Fecha:
5 de mayo de 2023

Número de sentencia:
166

Expediente:
C22-304

Temas:
Debido proceso, Fiscal, Imputación, Prescripción, Sobreseimiento

Máximas

Cuando el fiscal ha solicitado en varias oportunidades el acto de imputación, por éste no se lleva a cabo por circunstancias no atribuibles al órgano jurisdiccional, el fiscal ya estaría certificando que existe una probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación, por tanto, el fiscal no podría solicitar con posterioridad el sobreseimiento por prescripción sin haberse materializado el acto de imputación, pues no se le estaría garantizando a los investigados su derecho a conocer si efectivamente su responsabilidad penal estuvo comprometida, lo cual constaría una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.
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Sala Constitucional

Fecha:
13 de abril de 2023

Número de sentencia:
274

Expediente:
21-0449

Temas:
Amparo, Amparo constitucional, Debido proceso, Partes

Máximas

• Ante la omisión de pronunciamiento, no existe medio de impugnación alguno distinto del amparo constitucional, toda vez que, cuando el órgano jurisdiccional deja de pronunciarse sobre las pretensiones deducidas, y queda, por tanto, la cuestión planteada sin juzgar, se produce una situación de indefensión para las partes.

• La omisión de pronunciamiento sobre lo alegado por una de las partes constituye una actuación indebida del órgano jurisdiccional, vulneradora del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso.

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Sala Constitucional

Fecha:
30 de mayo de 2023

Número de sentencia:
619

Expediente:
19-0387

Temas:
Amparo, Amparo constitucional, Debido proceso, Imputado, Tutela judicial efectiva

Máximas

No se puede ejercer un amparo constitucional en la modalidad "hábeas corpus" contra la omisión de pronunciamiento de un tribunal de control en constituir una fianza en beneficio de un imputado (lo cual ha provocado que éste continúe privado de libertad), pues los tribunales, al momento de dictaminar una privación de libertad o la imposición de una medida cautelar sustitutiva, no comenten privaciones ilegítimas de libertad, por cuanto éstas son medidas de coerción personal que estableció el legislador para garantizar las resultas del proceso, motivo por el cual, darle el tratamiento de "habeas corpus" a las acciones de amparo incoadas bajo ese motivo, violenta el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y la jurisprudencia patria.
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Sala de Casación Penal

Fecha:
14 de julio de 2023

Número de sentencia:
249

Expediente:
C23-214

Temas:
Debido proceso, Notificaciones, Partes, Recurso de apelación

Máximas

• Las Cortes de Apelación están en la obligación de ordenar la notificación a las partes para que estas estén en conocimiento de la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el accionante.

• Al no haber ordenado la Corte de Apelaciones las notificaciones a las partes respecto de la decisión que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido, incurrió en un vicio procesal de orden público que quebranta la garantía fundamental del debido proceso.

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Sala de Casación Penal

Fecha:
14 de julio de 2023

Número de sentencia:
243

Expediente:
C23-187

Temas:
Debido proceso, Excepciones, Partes

Máximas

• Las excepciones contempladas en el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal comprenden una serie de presupuestos procesales que de corroborarse impedirían de forma momentánea o definitiva la continuación del proceso penal.

• Planteada la excepción, las partes tienen la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción a través de la presentación de alegatos y ofrecimientos de pruebas en aras de hacer valer sus derechos e intereses legítimos.

• Debe estimarse como una vulneración del debido proceso cualquier circunstancia que impida a las partes ejercer su derecho de obrar o contradecir por cuanto, tal acción implica una situación de indefensión, dado que se estaría ante un evento que desembocaría en la materialización de una desigualdad entre las partes.

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Sala Constitucional

Fecha:
22 de julio de 2021

Número de sentencia:
296

Expediente:
19-0628

Temas:
Avocamiento, Debido proceso, Medidas cautelares en la tramitación de un avocamiento

Máximas

• La figura del avocamiento reviste un carácter extraordinario por cuanto afecta las garantías del juez natural y del doble grado de jurisdicción.

• Los principios constitucionales que rigen el proceso se fundamentan en la naturaleza instrumental, simple, uniforme y eficaz que debe observar el mismo dentro de la sede jurisdiccional, siempre atendiendo a la invulnerabilidad del debido proceso.

• El proceso tiene una finalidad garantista y protectora de las decisiones que se dicten a los efectos de resolver las controversias entre las partes, y que las mismas no sólo estén fundadas en derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver.

• La función protectora y garantista de los derechos de los justiciables, recae de manera inmediata en los órganos jurisdiccionales, cuando se hayan menoscabado los derechos de aquéllos, o ante una expectativa de amenaza de los mismos, los cuales pueden resultar vulnerados en el marco de los procesos judiciales.

• La potestad de avocamiento funge como un mecanismo para lograr una eficaz protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• La tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo.

• Las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismo, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda del eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.

• El carácter instrumental de las medidas cautelares determina, por una parte, su naturaleza provisional y, al mismo tiempo, su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta.

• Como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas con el petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.

• El fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del poder público.

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Datos

Sala de Casación Penal

Fecha:
26 de agosto de 2020

Número de sentencia:
83

Expediente:
A20-68

Temas:
Avocamiento, Debido proceso, Desorden procesal, Tutela judicial efectiva

Máximas

• El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

• El avocamiento procede de oficio o a instancia de parte, solo cuando no existe otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica infringida, en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

• En toda decisión debe establecerse de manera razonada los motivos que dieron origen a la misma, pues son precisamente las razones explanadas por el Juez en su decisión, los fundamentos que las partes tienen para entender la declaratoria a favor o en contra de sus pretensiones, pues de lo contrario se colocaría a las partes en un estado de incertidumbre que cercenarían su derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

• El derecho a la tutela judicial efectiva consiste en el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, entre otros aspectos, de obtener dentro de un proceso, por parte de los Jueces y Tribunales de la República, una decisión judicial que sea motivada, congruente, ajustada a derecho, y que se pronuncie sobre el fondo de los argumentos de las partes, de manera favorable o no a alguno de ellos.

• El debido proceso constituye una garantía constitucional, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, comprendiendo a su vez una serie de presupuestos, que avalan el derecho de toda persona a ser oída durante todo el proceso, otorgándole además el tiempo y los medios adecuados para ejercer la defensa de sus intereses.

• El carácter extraordinario del avocamiento permite al Tribunal Supremo de Justicia sustraer la causa del conocimiento del juez con competencia territorial (cuando el caso lo amerite), con el propósito de velar por una correcta administración de justicia.

• El avocamiento procede cuando se constate un desorden procesal que permita vislumbrar dos decisiones judiciales que se contradigan ante una misma situación de hecho, y respecto de fundamentos y pretensiones iguales, llegando a pronunciamientos distintos.

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Sala de Casación Penal

Fecha:
30 de julio de 2020

Número de sentencia:
72

Expediente:
C19-198

Temas:
Debido proceso, Notificación del Ministerio Público de sentencias de las Cortes de Apelaciones, Notificaciones

Máximas

• El debido proceso está constituido por garantías fundamentales que aseguran la correcta administración de justicia y comprende, entre otras cosas, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho a hacer valer sus derechos e intereses, así como de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.

• El equilibrio necesario entre las partes que intervienen en el proceso, exige de manera rigurosa el pleno ejercicio del derecho a la defensa mediante la oportunidad dialéctica de alegar para que haya un régimen de igualdad con la parte contraria y lo opuesto.

• La indefensión en sentido constitucional se origina, por consiguiente, cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico dispone a su alcance para la defensa de sus derechos, con el consecuente perjuicio al producirse un menoscabo real y efectivo del derecho a la defensa.

• Las notificaciones de los actos procesales, cualquiera que estos sean, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal manera que quedara inequívocamente acreditado en autos que las partes tengan conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de las consecuencias jurídicas, como garantía de que el proceso no sufra demoras indebidas, ni contravenciones de los derechos de las partes.

• Cuando las sentencias emitidas por las Cortes de Apelaciones ordenen su notificación, constituye un requisito indispensable verificar su efectiva realización, pues esto permite establecer la tempestividad del recurso de casación, y computar el lapso de quince (15) días a partir de la última notificación de las partes.

• La no notificación del fallo dictado por la Corte de Apelaciones a la Representación del Ministerio Público y a las víctimas, es una evidente omisión no convalidable -según lo establecido en el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal-, pues afecta el derecho a la intervención, el derecho a la defensa y el debido proceso.

• En el momento preciso en que dentro de un proceso o en su etapa final, los derechos de alguna de las partes se vean desfavorecidos por un error procedimental o una decisión, con el posterior estudio de la autoridad y hecho el control de legalidad, el debido proceso se transforma en una herramienta que tiene una función inicial de restructuración y reparación del proceso o de la decisión judicial, garantizando el correcto desarrollo y aplicación de la ley sustancial y la ley procesal.

• Es una violación del debido proceso cuando las Cortes de Apelaciones no notifican al Ministerio Público de su decisión de declarar sin lugar un recurso de apelación, pues se vulnera el equilibrio e igualdad entre las partes en la fase recursiva; a través de la privación de los instrumentos que el ordenamiento jurídico prevé a cada una de estas para la defensa real de sus derechos, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y contestar esos alegatos.

• Se deben materializar las notificaciones de todas las partes para hacer constar el inicio del lapso para el ejercicio del recurso de casación y su posterior contestación.

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