• Si los solicitados por una orden de aprehensión no se han puesto a Derecho, el proceso penal no se ha iniciado, pues ello sucede una vez que los mismos sean capturados o se presenten de manera voluntaria ante el órgano judicial correspondiente y es en esa oportunidad donde podrán ser oídos, presentar sus alegatos y las defensas y recursos legales que estimen necesarios para su defensa.

• La orden de aprehensión lo que busca es la presencia del ciudadano investigado, y con tal proceder no se configura violación constitucional ni procesal, ya que solo se está investigando un presunto hecho punible, siendo un requisito sine qua non la presencia de estos ciudadanos para la prosecución del proceso.

• Es a través de la orden de aprehensión que se impone a los investigados del precepto constitucional, se les da a conocer del hecho delictivo que se les atribuye con mención de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y para la calificación jurídica aplicable.

• La naturaleza jurídica del procedimiento de admisión de hechos se corresponde con un procedimiento especial aplicado por el tribunal de primera instancia (en funciones de control o juicio, según sea la oportunidad procesal que corresponda), que busca la terminación anticipada del proceso, trayendo como consecuencia la inmediata imposición de la pena, la cual ha de ser determinada conforme a la dosimetría penal aplicable, luego de considerarse las circunstancias fácticas establecidas y los límites de la sanción previstos para el delito acreditado, pero con una rebaja de la pena.

• La defensa del acusado no puede pretender, a través del ejercicio de los recursos, que la corrección del quantum de la pena a imponer provoque la nulidad del fallo producido por el tribunal de primera instancia y retrotraiga el proceso a etapas ya precluidas, solo porque no le es favorable al acusado.

• Cuando se celebra la audiencia preliminar y el juez opta, ya sea de oficio o a solicitud del Ministerio Público, o por vía de las excepciones de las partes, decretar el sobreseimiento por prescripción de la acción, no basta con indicar dicha declaratoria en el auto fundado de la audiencia preliminar, sino que es obligante que se dicte de forma autónoma una decisión que individualice el motivo por el cual se extingue la acción penal, lo cual reafirmaría el efecto de cosa juzgada del sobreseimiento.

• Si el juez no suscribe una decisión autónoma y distinta al auto fundado con respecto al sobreseimiento decretado en audiencia preliminar, se perturba no solo el orden procesal en cuanto al régimen de los recursos, al omitirse el acto jurídico al cual las partes podrían recurrir, sino que además la persona sobre la cual recayó el sobreseimiento no tendría un soporte legal que lo eximiera de responsabilidad penal.

• La nulidad no constituye un recurso ordinario, es decir, las partes no pueden utilizar las nulidades como medio de impugnación de una sentencia, ya que la misma es objeto de los recursos de apelación o de casación, según la instancia en que se encuentre el proceso.

• No puede la defensa interponer recurso de nulidad y subsidiariamente recurso de casación contra una decisión dictada por la Corte de Apelaciones, requiriéndose de la Sala de Casación Penal la nulidad del acta de audiencia preliminar y juramentación de defensor, así como de la acusación particular propia de la víctima, pues la solicitud de nulidad, conforme las previsiones del COPP, no es ni constituye un medio de impugnación contra decisiones.

• El denunciante no es ni representa a ninguna de las partes en el proceso penal.

• El denunciante debe acreditar o probar su condición de parte durante el proceso.

• La denuncia por sí misma no otorga el carácter de víctima a quien la formula.

• El denunciante no tiene legitimación activa para ejercer recursos judiciales contra la decisión que declara el sobreseimiento de la causa.

• La justicia no puede sacrificarse por la omisión de formalidades no esenciales y que ello no es cónsono con las disposiciones contenidas en el artículo 257 de la Constitución, por tanto si bien es cierto que el recurso de apelación debe ser interpuesto conforme a lo preceptuado en el artículo 444 del COPP, no se exige una técnica específica para ejercer dicho medio impugnatorio, como así está establecido para el recurso de casación conforme al artículo 454 eiusdem.

• Declarar improcedente un recurso por falta de técnica recursiva es una facultad conferida a la Sala de Casación Penal al emitir su decisión respecto a los recursos de casación, pero no es  una facultad otorgada a las Cortes de Apelaciones al decidir con respecto a los recursos de apelación.